
La directora del centro supuestamente falsificaba la firma, el número y el sello de un veterinario en los listados con los animales sacrificados e incinerados que remitía al Ayuntamiento. Y, además, usaba recetas en blanco para consignar cantidades falsas de productos eutanásicos. También hay dos veterinarios imputados. Todos han quedado en libertad con cargos.
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