El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, tras un año de investigación, atribuyó un supuesto delito de maltrato de animales a los responsables de un establecimiento de la provincia que prestaba servicios de recogida de animales a Ayuntamientos y particulares.
Según informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno, uno de ellos supuestamente ejercía cometidos de veterinario sin titulación y colegiación profesional.
Según la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de animales de compañía, cuando alguien demanda la recogida de un perro, el órgano administrativo correspondiente se hace cargo del animal y debe retenerlo durante al menos 20 días para tratar de localizar a su dueño.
No obstante, la Guardia Civil supo que algunos perros eran sacrificados amparándose en aparentes enfermedades infecto-contagiosas mientras que otros que habían sido recogidos en distintos lugares de la provincia no se encontraban en el lugar de acogida preceptivo durante ese plazo de estancia mínima obligatoria.
Por ello, el Seprona vigiló la empresa desde que una persona dio el aviso al Ayuntamiento de su localidad y comprobó en una inspección de las instalaciones que no había constancia de los últimos requerimientos, ni tampoco de la entrada en sus dependencias de todos los animales recogidos.
En los últimos cuatro meses se detectaron 106 perros recogidos sobre los que se ignora su paradero y que es posible que hubieran sido sacrificados.
Asimismo, el Seprona recordó que, al margen de estos servicios de pago, existen en la provincia protectoras animales en Villarcayo y Burgos que están sujetas a inspección por el Servicio de Protección de la Naturaleza, que de forma altruista pueden atender solicitudes de recogida perros abandonados.
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